La Dirección General de Tributos examina, en un contexto de consolidación fiscal, las consecuencias fiscales de una operación en virtud de la cual la entidad dominante condona los créditos que tiene sobre sus filiales, derechos adquiridos previamente por medio de una operación de reestructuración empresarial no acogida al régimen de neutralidad fiscal y registrados por un valor inferior a su nominal.

La Dirección General de Tributos examina algunas de las consecuencias que pueden derivarse de una operación de reestructuración empresarial a efectos de la constitución de la reserva de capitalización prevista en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Supremo confirma en casación la procedencia de imponer sanción en supuestos de operaciones de reestructuración empresarial carentes de motivos económicos válidos sobre la base de argumentos que, en última instancia, lo llevan a reconducir la operación al campo de la simulación negocial.

1. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre del 2016 (rec. 2211/2015)

The High Court has recently held that an individual may claim the proceeds of the sale of assets subject to an agricultural charge by the application of the equitable remedy of marshalling.

Agricultural Sector

La Audiencia Nacional, en una interesante sentencia, ha matizado el criterio que desde la Administración ha venido manteniéndose en muchos casos en virtud del cual la presencia de una segunda finalidad en las operaciones de reestructuración empresarial, añadida a la de perseguir una auténtica reorganización de la entidad, conllevaría, partiendo del análisis conjunto de la operación, la exclusión de la posibilidad de aplicar el régimen especial previsto a efectos del impuesto sobre sociedades para las citadas operaciones.

The presumption that courts normally validate dispositions by a company subject to a winding up petition if such dispositions are made in good faith and in the ordinary course of business has been called into question in the recent case of Express Electrical Distributors Ltd v Beavis and others [2016].

A new fee structure in respect of insolvency fees payable to the Insolvency Service came into force on 21 July 2016, pursuant to The Insolvency Proceedings (Fees) Order 2016 (SI 2016/692) (the “Order”), which revokes The Insolvency Proceedings (Fees) Order 2004 (SI 2004/593) and all ten subsequent amendment orders.

Last week the UK Government issued a consultation document on changing UK insolvency legislation to enable distressed companies to obtain a moratorium for up to three months, with the possibility of an extension, under the supervision of an insolvency practitioner. The moratorium would prevent all creditors, including secured creditors, from taking any enforcement action against such companies without first applying to court for permission to do so. This follows a briefing paper published by R3 last month suggesting a similar moratorium process.

El Tribunal Supremo acepta que la ausencia de entendimiento entre los socios pueda considerarse un motivo económico válido en las operaciones de reestructuración empresarial cuando aquéllos puedan probar que sus discrepancias en cuanto a la organización empresarial condicionan la viabilidad de la empresa.

Directors of a company are subject to certain duties under the Companies Act 2006. These duties are of obvious importance throughout their service as a director but some of them become particularly important during the period leading up to the insolvency of the company.