La prolongada duración de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el tejido económico empresarial ha impulsado al Gobierno a extender en el tiempo algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.
Los efectos de la pandemia se están materializando en un incremento significativo de la deuda de consumidores y empresas. En este contexto, nuestra previsión es que, en los próximos años, las transacciones sobre deuda y activos tóxicos alcanzarán niveles muy elevados. Desde Garrigues, analizamos en este documento la situación y tendencias del mercado de deuda en Latinoamérica, España y Portugal, donde se percibe una clara tendencia a la sofisticación de este tipo de operaciones.
Pandemia COVID-19
In the wave of the COVID-19 pandemic, there has been a significant increase in debt held by both consumers and companies. Over the coming years, we expect to see a large number of debt and distressed asset deals. In this viewpoint, Garrigues provides in this documentan analysis of the debt market situation and trends in Latin America, Spain and Portugal, where there is a clear move toward greater sophistication in these deals.
COVID-19 pandemic
The government has extended the restriction on the enforcement of statutory demands until 31 December 2020. The extension from the initial period of 30 September 2020 was introduced by regulations amending the Corporate Insolvency and Governance Act 2020 and will be of application to those in the construction industry.
In the wake of the Supreme Court's ruling that an insolvent company can adjudicate, the TCC have confirmed that there remain high hurdles to the insolvent party enforcing any adjudication decision.
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
The Supreme Court has provided much needed clarity on whether an insolvent company can commence its own adjudication.
In the construction industry, insolvencies are an all-too-common occurrence – as are contractual disputes. There has until now been uncertainty about how the two legal regimes operate together where an insolvent party seeks to adjudicate for the sums it believes it is owed. This uncertainty has now been resolved, with the Supreme Court confirming that an insolvent company can bring an adjudication.
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
Selección de las principales resoluciones en materia de reestructuraciones e insolvencias.
La competencia para conocer de un ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 corresponde a la jurisdicción laboral y no al juez del concurso
Auto del Juzgado de lo Mercantil de León, de 1 de abril de 2020
Un informe de la Comisión Europea, del 3 de diciembre de 2019, analiza en los marcos legales sobre insolvencia e impago de deudas de los diferentes Estados miembros y, en concreto, los distintos sistemas de ejecución –tanto individual como colectiva– y su efectividad para recuperar los créditos de dudoso cobro (NPLs).