Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.
Preparation of financial statements and corporate income tax, recommencement of time periods, remote trials, gradual return to workplaces, insolvency proceedings and compliance with criminal law
Los plazos administrativos se reanudarán el próximo 1 de junio, mientras que los plazos procesales y sustantivos lo harán el 4 de junio, tal y como aparece contemplado en el BOE del 23 de mayo de 2020.
2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.
La prolongada duración de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el tejido económico empresarial ha impulsado al Gobierno a extender en el tiempo algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
El tribunal de un Estado miembro que conoce del procedimiento de insolvencia tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones revocatorias ejercitadas dentro del mismo
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de noviembre de 2018
El 6 de junio el Consejo de la Unión Europea aprobó la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración.
Con ello se pone fin al proceso legislativo de la Directiva y queda pendiente solo de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
En términos generales, la directiva aprobada impone a los Estados miembros la implementación de normativa armonizada relativa a:
A member state’s court entertaining an insolvency proceeding has exclusive jurisdiction to entertain clawback actions brought within the proceeding
On June 6 the Council of the European Union approved the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures.
This marks an end to the legislative process of the Directive, which is now pending to be publisged in the Official Journal of the European Union.
Put concisely, the approved directive imposes an obligation on member states to implement harmonized legislation on: