The Supreme Court of the United States has decided it will review the decision of the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit in Johnson v. Midland Funding LLC.

A link to the docket is available here: Link to Docket.

The U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, in a case of first impression and the first published circuit court opinion to address the issue, recently held that each and every debt collector — not just the first one to communicate with a debtor — must send the debt validation notice required by the federal Fair Debt Collection Practices Act.

In a much-anticipated follow-up to its 2014 decision in Crawford v. LVNV Funding, LLC, 738 F.3d 1254 (11th Cir. 2014), the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit recently held that there is no irreconcilable conflict between the federal Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) and the Bankruptcy Code.

The U.S. Bankruptcy Court for the Middle District of Florida recently held that:

The U.S. District Court for the District of New Jersey recently dismissed a debtor's claims for violations of the federal Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) and the New Jersey Truth in Consumer Contract Warranty and Notice Act (TCCWNA), holding the debtor's failure to schedule his lawsuit as an asset of his bankruptcy estate deprived him of standing to later assert the claims.

A copy of the opinion is available at: Link to Opinion

La Dirección General de Tributos examina, en un contexto de consolidación fiscal, las consecuencias fiscales de una operación en virtud de la cual la entidad dominante condona los créditos que tiene sobre sus filiales, derechos adquiridos previamente por medio de una operación de reestructuración empresarial no acogida al régimen de neutralidad fiscal y registrados por un valor inferior a su nominal.

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

La regla de la que vamos a tratar se formula con diversos nombres, aunque es muy conocida la expresión nemo potest propriam turpitudinem allegareo la denominación de denegatio actionis.

Se presentó a inscripción en el Registro Mercantil escritura pública de fusión en la que la sociedad absorbente estaba íntegramente participada por la sociedad absorbida (que se encontraba en liquidación). Los acuerdos de fusión fueron adoptados por el socio único de la sociedad absorbente (esto es, por la sociedad absorbida, representada por el liquidador). La registradora denegó la inscripción argumentando, entre otras cosas, que resultaba preciso también el acuerdo de la junta general de la sociedad absorbida.

The defence of illegality, enunciated in arts. 1305 and 1306 of the Civil Code (abbrev.