Judge Parker of the U.S. Bankruptcy Court for the Western District of Texas recently issued an order in the case of Hilltop SPV, LLC, granting debtor Hilltop SPV LLC’s (“Hilltop”) motion to reject a Gas Gathering Agreement (“GGA”) with counter-party Monarch Midstream, LLC (“Monarch”).[1] This decision allows Hilltop to reject the GGA while allowing Monarch to retain the covenants that run with the land post-rejection.

Following the High Court’s landmark case in 2023 where cryptocurrency was recognised by the Court as property and could form a subject matter of a trust, the High Court recently further clarified the trust relationship between exchanges and their customers. Non-Consenting Customers (NCCs) who did not accept the 2018 Terms and Conditions (T&C) were found to have a proprietary interest in their assets, giving them priority in the liquidation process. Conversely, customers who had agreed to the T&Cs were treated as unsecured creditors.

In this first of a series of articles looking at current issues and recent case law in the world of distressed PFI/PPP projects, we consider the recent outcome of the Tameside Hospital dispute, and what pointers can be taken from it which may help avoid or resolve disputes in future so that distressed projects can get back on track. This is a tale of disagreement, adjudication, threats of insolvency, Court proceedings and – ultimately – a settlement which may offer a useful benchmark to which other troubled projects can have regard.

Harrington v. Purdue Pharma L.P., 144 S. Ct. 2017 (June 27, 2024)

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.

1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal

Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.

1. Introducción

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.

La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.

Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.