Canada’s Bankruptcy and Insolvency Act (BIA) is designed to give “honest, but unfortunate debtors” a “fresh start” by automatically staying litigation and dealing with the bankrupt’s debts and liabilities in an orderly fashion. But what if the bankrupt was dishonest? Should they be entitled to have litigation stayed and their debts discharged? The BIA contains tools to address this.
In a case of first impression in the Ninth Circuit, the US Court of Appeals recently handed bankruptcy trustees a significant power by ruling in TheLovering Tubbs Trust v. Hoffman (In re O’Gorman) that a trustee can avoid intentionally fraudulent transfers under the Federal Bankruptcy Code, even if no creditor suffered harm as a result.
On August 28, 2024, Judge Gregory B. Williams of the US District Court for the District of Delaware issued a ruling in AIG Financial Products Corporation, Civ. No. 23-573, affirming an order on appeal from the Delaware Bankruptcy Court that denied a motion to dismiss a chapter 11 petition as a bad faith filing.
Construction insolvency is not a new problem. With the continued presence of fixed price contracts, in an industry which has always been troubled with cash flow problems and low profit margins, coupled with persistent cost inflation and labour and materials issues affecting the supply chain, it is no surprise that we continue to see insolvencies. The question is, what can you do to protect yourself from insolvency?
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.