En aplicación del art. 6.3 Cc, se declaran nulas prendas sobre acciones otorgadas por una sociedad en garantía de préstamos para adquirir acciones de la propia sociedad porque vulneran la prohibición de asistencia financiera. No existe obligación de restitución porque la prenda fue concedida con carácter unilateral y gratuito.
En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.
Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.
La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes28.
La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).
La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.
On 19 September 2012, the Norton Rose Construction and Engineering team presented a breakfast briefing titled: “Financial Distress in Construction Projects: What happens when the wheels fall off?”
This briefing identified the warnings signs of insolvency, what steps parties can take to minimise exposure, how best to respond to a party’s insolvency and the options available to prevent insolvency in the first place.
Gothard v Fell; in the matter of Allco Financial Group Ltd (receivers and managers appointed) (in liq) (2012) 88 ACSR 328
On 15 May 2012, Jacobson J of the Federal Court of Australia allowed an application by Receivers to be released from confidentiality undertakings so that use could be made of Australian Securities and Investments Commission (ASIC) examination transcripts.
Background
A recent Federal Court of Australia decision in the administration of the Hastie Group Limited (Hastie Group)1 illustrates a number of important points for administrators, secured parties and purchasers under the new regime established under the Personal Property Securities Act 2009 (Cth) (PPSA). If you would like to discuss the implications of this case with any of our PPSA or insolvency litigation experts, please do not hesitate to contact us.
The facts
At the end of 2011, the Federal Government introduced two draft Bills directed at clamping down on companies that engage in “phoenix” activity.
In our March 2012 Insurance Update we considered the potential widening of the scope for creditors to claim damages against a director personally for contravention of the Corporations Act 2001 (Act). The Supreme Court of Queensland awarded Phoenix Constructions over $1.2 million in damages against Mr McCracken for contravention of s 182 of the Act. This decision, a first of its kind, was appealed by Mr McCracken.