En aplicación del art. 6.3 Cc, se declaran nulas prendas sobre acciones otorgadas por una sociedad en garantía de préstamos para adquirir acciones de la propia sociedad porque vulneran la prohibición de asistencia financiera. No existe obligación de restitución porque la prenda fue concedida con carácter unilateral y gratuito.

En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.

Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.

La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes²⁸.

La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).

La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.

The Moldovan Parliament adopted a new insolvency law on 29 June 2012. The In-solvency Act No. 149 (Act No. 149), which will enter into force on 14 March 2013, is evolutionary rather than revolutionary, as its main goal appears to be the optimiza-tion of the existing insolvency procedures.

Following the new act’s entry into force, insolvency cases shall fall under the compe-tence of the court of appeal where the seat of the debtor is located. Also each such court of appeal shall hold a public register of insolvency cases.

Timing

The Austrian Act on Financial Collateral (Finanzsicherheiten-Gesetz; FinSG), which regulates the granting and enforcement of financial collateral arrangements between participants in the financial markets, has recently been amended with effect from 30 June 2011. Changes include the extension of the scope of application of the law.

Since the enactment of the new insolvency law in 2006, its proceedings have been amended many times to improve and simplify bankruptcy. In the past few years, the economic downturn has caused more and more companies to request court protection with the hope of undergoing reorganisation, realising that insolvency need not be the death of the company but, rather, a second chance.

The means of obtaining information on a person’s creditworthiness were broadened in 2011 by launching a pending execution proceedings register kept by the Bulgarian Private Bailiffs Chamber.

Capital measures are common reorganisation measures when a capital company is in financial crisis, including eg injection of fresh capital by way of a capital increase. The implementation of capital measures during financial crisis is often a source of dispute amongst shareholders, in particular if the capital measures are driven by a financially strong majority shareholder.