The two limbs of the defence to an unfair preference claim under section 588FG(1)(b) and (2)(b) of the Corporations Act have separate work to do.

In a useful decision for liquidators and the insolvency industry, the WA Court of Appeal has clarified the nature of the tests creditors need to satisfy to maintain a defence to a liquidator's unfair preference claim in section 588FG(1)(b) or (2)(b) of the Corporations Act (White & Templeton v ACN 153 152 731 Pty Ltd (in liq) & Anor [2018] WASCA 119). 

El Tribunal Supremo considera que la falta de legitimación para recurrir de una concursada en liquidación fue subsanada con la ratificación posterior de su administración concursal.

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018 (Ponente Ignacio Sancho Gargallo) analiza el papel de la concursada en liquidación y de la administración concursal a la hora de interponer recursos en procedimientos en trámite antes de la declaración de concurso y apertura de la fase de liquidación.

Recientemente, en sus sentencias de fechas 13 de marzo de 2018 y 3 de abril de 2018, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca de la interpretación del contenido en el artículo 174.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”), relativo a la legitimación del responsable tributario para impugnar, con ocasión del recurso frente al acuerdo de derivación de responsabilidad, la liquidación en que tiene su origen dicho acuerdo.

The new ipso facto regime applies to all contracts to be entered into on or after 1 July 2018. Businesses should now be carefully reviewing the effect of that regime on their contracts and whether any of their contracts may be exempt under the Corporations Amendment (Stay on Enforcing Certain Rights) Regulations 2018 published on 24 June 2018.

The types of contracts excluded from the new ipso facto stay

El Tribunal Supremo ha declarado que la responsabilidad solidaria de los administradores sobre la base del art. 367 LSC subsiste, aunque el acreedor conozca, al contratar, la situación de insolvencia de la sociedad. El mero conocimiento de dicha situación por parte del acreedor no es suficiente para acreditar su mala fe al reclamar las deudas a los administradores y, por tanto, estos siguen siendo solidariamente responsables por no promover la disolución si las pérdidas determinaron que el patrimonio neto quedara por debajo de la mitad del capital social.

La responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias por parte de quienes colaboren en la ocultación y/o transmisión de bienes con la intención de sustraerlos al procedimiento ejecutivo de cobro –impidiendo así su embargo– ha sido recientemente objeto de análisis por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”).

The restructuring, distressed and debt market in Australia continues to evolve. We have a competitive debt market that constantly seeks out that next transaction. We have an environment of innovation with restructuring professionals seeking to push the boundaries of what may be possible within the current legislative framework, and we have changes to that framework with the introduction of Safe Harbour as a defence to insolvent trading and ipso facto reform which seeks to lock in contracts post-insolvency.

Recientemente, la Dirección General de Tributos (“DGT”) ha publicado la contestación a la Consulta Vinculante V0259-18, de 7 de febrero de 2018, en la que se analizan las implicaciones que pueden derivarse para un tercero como consecuencia de las liquidaciones provisionales (incluso no habiendo las mismas adquirido firmeza) practicadas a otro sujeto pasivo.

Desde hace ya tiempo la Administración Tributaria ha venido aplicando, si bien no de forma frecuente, el sistema de responsabilidades regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), en los supuestos en los que el deudor a la Hacienda Pública se encontraba en situación de concurso. 

An important part of last year's package of amendments to the Corporations Act 2001 (Cth) were the ipso facto reforms which will stay the exercise of certain contractual rights relating to a counterparty's insolvency or financial position. What, if any, contracts would be exempt from the stay has been a major question, not least for the construction industry.

This has now been answered, with the release of exposure drafts for public comment by May 11 2018 of the: