In UK venture deals, investors often negotiate the right to appoint a director to the company’s board (as a rule of thumb, an investor with 5% to 10% or more of the company might ask for board rights). On paper, it makes sense, giving a seat at the table, direct access to management, and visibility on key decisions. But before taking that seat, we often advise investors to ask themselves: is it worth the hassle?
The retail and hospitality sector in Australia remains relatively steady in terms of financial performance. However, retailers, including those in hospitality, continue to be faced with some persistent headwinds and difficult trading conditions. In our three (3) part series, we cover some of the challenges facing Australian businesses in the sector, including those exposed to external administrations, the strategies that are working via administration, and how early intervention and turnaround strategies can help preserve long term enterprise value for stakeholders.
Section 182 of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32) (“CWUMPO”) renders the disposition of a company’s property after the presentation of a winding-up petition against it void, subject to any validation order granted by the court. This provision serves to preserve the company’s assets at the date of the winding-up petition for the general benefit of creditors, and to ensure that the statutory scheme of pari passu distribution can be implemented.
Introduction
Before the landmark decision of the Hong Kong Court of Final Appeal in Guy Kwok-Hung Lam v Tor Asia Credit Master Fund LP [2023] HKCFA 9 (“ReGuy Lam”), there had been a long-standing debate over the impact, if any, of an exclusive jurisdiction clause in favour of a foreign court (“EJC”) on the presentation of bankruptcy / winding-up petitions.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.