A recent case in the NSW Court of Appeal clarifies the purpose, and limits, of a public examination summons

The PAS Group decision reaffirms the principle that rent incurred during the administration period takes priority in the winding-up payment waterfall

Antqip Hire highlights the importance of drafting a DOCA carefully, and properly communicating to creditors the commercial risks

The case of Antqip Hire was brought by the liquidators of two related entities (Antqip Pty Limited and Antqip Hire Pty Limited).

Orders were sought determining:

A voluntary administrator is often appointed by the company. The directors have a role in selecting the administrator; often the referral will come through one of the company’s advisers, such as the accountant or lawyer.

National Rugby League (NRL) was successful in setting aside a summons for public examination obtained by the liquidator of Newheadspace Pty Limited (Newheadspace). The Court also awarded NRL its costs. The Court found that the creditors’ voluntary winding-up of Newheadspace was an abuse of process, and that the summonses were obtained for an improper purpose.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.

1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal

Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.

1. Introducción

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.

La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.