The defence of illegality, enunciated in arts. 1305 and 1306 of the Civil Code (abbrev.
La regla de la que vamos a tratar se formula con diversos nombres, aunque es muy conocida la expresión nemo potest propriam turpitudinem allegareo la denominación de denegatio actionis.
Section 447A
JOEL COOK Associate, Litigation and Dispute Resolution Group, McCabes
ANDREW LACEY Principal, Litigation and Dispute Resolution Group, McCabes
legal update
ONE SIZE DOES NOT FIT ALL
Varying the scope of the Part 5.3A moratorium on proceedings against companies in voluntary administration.
1. Prolegómenos sobre naturaleza del leasing
Background
Insolvency Practitioners (IPs) commonly adopt time-based costing for the calculation of their remuneration, primarily on the basis that it ensures that the IP is only remunerated for the work actually undertaken and it ensures that remuneration reflects the simplicity or complexity of particular tasks. Three other ways in which remuneration are common calculated are ‘fixed fee’, ‘percentage’ (such as in respect of recoveries/realisations) and ‘contingency’ bases.
The bar for recovering assets that have been dubiously transferred out of an insolvent company may not be as high as one might think.
Background
On 14 June 2016, in its judgment delivered in Great Investments Ltd v Warner [2016] FCAFC 85, the Full Court of the Federal Court of Australia confirmed that a benefit transferred from a company without authority can only be retained by the recipient in very limited circumstances.
Análisis GA&P | Mayo 2016 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1.
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”), aplicable a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 2015 introdujo importantes novedades en relación con el régimen especial de neutralidad fiscal aplicable a las operaciones de reestructuración (“Régimen Especial”).
Entre otras, el Régimen Especial ha quedado configurado como el régimen aplicable por defecto a estas operaciones, no siendo necesario optar por su aplicación (sin perjuicio de la obligación de comunicar la realización de la operación a la Administración Tributaria).
El Tribunal Supremo acepta que la ausencia de entendimiento entre los socios pueda considerarse un motivo económico válido en las operaciones de reestructuración empresarial cuando aquéllos puedan probar que sus discrepancias en cuanto a la organización empresarial condicionan la viabilidad de la empresa.
En situaciones de crisis empresarial no son extrañas demandas de despido «tácito». Aunque se trata de una denominación no recogida por el legislador laboral, reproduce la posibilidad que el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores otorga al trabajador para extinguir su contrato en determinadas circunstancias y con derecho a la indemnización correspondiente al despido improcedente. Este tipo de demandas suelen coincidir con los procesos concursales, si bien la realidad temporal puede ser distinta.