El Tribunal Supremo reitera, en su sentencia de 5 de mayo de 2017, su doctrina relativa a la acción individual de responsabilidad de los administradores y la necesidad de que además de probarse el daño se demuestre la existencia de una conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenador empresario, así como la existencia del nexo causal entre la conducta y el daño.
This case raised the issue of when a company in financial distress (or the directors of that company) should issue a Notice of Intention to Appoint an Administrator (“NOITA”) which affords a moratorium under Schedule B1 of the Insolvency Act 1986 (“IA86”).
El Tribunal Supremo desestima, en su sentencia de 13 de marzo de 2017, el recurso de casación presentado por una sociedad en concurso de acreedores que pretendía el pago por parte de una sociedad a la que había transmitido ciertos activos durante el concurso, de la cantidad que se acordó retener por las partes en concepto de gastos a cargo del vendedor, argumentando que no se admite en sede de concurso la compensación de créditos (ex. art. 58 LC, que proscribe la compensación de los créditos concursales).
El Tribunal Supremo confirma que la atribución de un privilegio especial, en caso de créditos garantizados con prenda sobre derechos de crédito futuros, depende de que la relación de la que emana el crédito ofrecido en garantía existiera antes de la declaración de concurso.
You will have previously seen a landlord's consent is usually required to enable a pharmacist to assign or sell their lease to a third party.
It is usual for the landlord's consent to be specified not to be unreasonably withheld or delayed.
On a lease assignment a landlord will want to ensure that the tenant is of sufficient financial strength to be able to comply with the lease covenants (including payment of the rent).
El Tribunal Supremo rechaza el ejercicio de las acciones rescisorias especiales del Derecho concursal contra una escisión de sociedades inscrita en el Registro Mercantil, y afirma que la protección de los acreedores debe realizarse por vía resarcitoria.
El Tribunal Constitucional confirma la constitucionalidad de las exigencias y requisitos legales para poder acceder al recurso de suplicación.
Este post trata de analizar el alcance la Sentencia del Tribunal Constitucional 173/2016, de 17 de octubre, así como de la de la doctrina del mismo órgano que la precede y que es sintetizada en la misma.
La sentencia de 10 de noviembre de 2016 de la sala cuarta del TJUE se ha pronunciado sobre los requisitos que deben reunir las prendas de cuenta corriente para quedar cubiertas por el régimen de garantías financieras de la Directiva 47/2002.
El TJUE ha respondido a las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo de Letonia sobre el ámbito de aplicación de la Directiva, después de que los órganos de primera instancia y de apelación letones desestimaran la demanda interpuesta por una compañía letona frente a una entidad financiera.
On 30 September 2016, the Competition and Markets Authority (“CMA”) published its finding that two companies involved in the online retail of licensed sport and entertainment posters and frames had breached the Competition Act 1998 (“CA98”) by entering into agreements (or, at least, ‘concerted practices’) to artificially inflate the prices charged for certain products. A formal charge was accepted by the main protagonist, Trod Limited (in administration) (“Trod”) and fines imposed, which became payable by Trod’s administrators as of 13 October 2016.
Horton v Henry: Pensions clarified
We previously discussed the uncertainty surrounding the treatment of pensions in a bankruptcy which arose from two conflicting high court decisions: Raithatha v Williamson [2012] EWHC 909 (Ch) and Horton v Henry [2014] EWHC 4209 (Ch).
In Hinton v Wotherspoon [2016] EWHC 623 (CH) (where this firm successfully represented the trustee in bankruptcy, Lloyd Hinton of Insolve Plus Limited), the court commented that the approach in Horton v Henry [2014] EWHC 4209 (Ch) was “plainly correct”.