La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (RDGRN) de 19 de diciembre de 2018 (BOE 28 de enero) se pronuncia de nuevo sobre la extinción registral de sociedades sin patrimonio. En esta ocasión se admite la inscripción de una escritura de disolución y liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada en la que el liquidador declaró que la sociedad carecía de activos y de acreedores, de conformidad con el balance aprobado unánimemente por los socios.

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

No es concursal una acción que tiene por objeto una pretensión de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad delictual o cuasidelictual, que ejercita el síndico en el marco de un procedimiento de insolvencia y que, de prosperar, daría lugar a la reintegración de lo obtenido en la masa activa. La competencia para conocer de ella se determina por las disposiciones del Reglamento Bruselas I (RBI, aplicado al caso por razones temporales, si bien lo decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] se extiende al actualmente aplicable RBIbis).

With the Court of Appeal’s decision in Bresco Electrical Services Ltd v Michael J Lonsdale (Electrical) Ltd just a few weeks old, it is hardly surprising that people are looking again at the relationship between insolvency law and adjudication, noting that in cases of liquidation where parties have a cross claim, construction law defers to insolvency law.

This was clearly illustrated in Gregg Nowak Ltd v CSS Electrical Distributors Ltd, which came before HHJ Bailey earlier this month.

Background

This was a conjoined appeal alongside Bresco v Lonsdale. In this case, Cannon and Primus had already participated in an adjudication, with the decision of the adjudicator favouring Primus. Primus would later enter into a Company Voluntary Arrangement.

The CVA was made on the basis that, although Primus was insolvent at the time, it would be able to satisfy its creditors if it were able to recover from Cannon and other third parties through litigation and adjudication. This was preferable to liquidation.

An unresolved question - and one that generates disparate opinions - is addressed in this paper concerning whether and how conditional or litigating creditors should be acknowledged in terms of quorum and voting under the Fourth Additional Provision of the Insolvency Act.

Cuestión no resuelta —y generadora de dispares opiniones—, se afronta en esta nota cómo han de ser, o no, reconocidos en el quorum y en el voto de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal los acreedores condicionales y los litigiosos.

Insolvency Set-Off and Construction Contract Adjudications in light of Bresco Electrical Services Ltd (in liquidation) v Michael J Lonsdale (electrical) Ltd; Cannon Corporate Ltd v Primus Build Ltd [2019] EWCA Civ 27

This case concerned both the appeal in Bresco v Lonsdale and Cannon Corporate v Primus Build. The present case comment is only concerned with the former.

Background

Bresco appealed to set aside the order of an injunction from Fraser J. That injunction prevented the continuation of an adjudication in which Bresco and Lonsdale (in liquidation) sought sums from each other in claims and cross-claims.