Veidojot tiesiskumā balstītu uzņēmējdarbības vidi, Ārvalstu investoru padome Latvijā (ĀIPL) organizēja paneļdiskusiju un augsta līmeņa tikšanos valdībā, turpinot jau ilggadējo sadarbību ar nolūku sekmēt kvalitatīvu investīciju piesaisti.
26. maija paneļdiskusijā biroja vecākais partneris Māris Vainovskis pārstāvēja ĀIPL tiesu sistēmas efektivitātes un investīciju aizsardzības darba grupu par tiesiskuma jautājumiem Latvijā.
Análisis GA&P | Mayo 2016 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1.
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”), aplicable a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 2015 introdujo importantes novedades en relación con el régimen especial de neutralidad fiscal aplicable a las operaciones de reestructuración (“Régimen Especial”).
Entre otras, el Régimen Especial ha quedado configurado como el régimen aplicable por defecto a estas operaciones, no siendo necesario optar por su aplicación (sin perjuicio de la obligación de comunicar la realización de la operación a la Administración Tributaria).
El Tribunal Supremo acepta que la ausencia de entendimiento entre los socios pueda considerarse un motivo económico válido en las operaciones de reestructuración empresarial cuando aquéllos puedan probar que sus discrepancias en cuanto a la organización empresarial condicionan la viabilidad de la empresa.
En situaciones de crisis empresarial no son extrañas demandas de despido «tácito». Aunque se trata de una denominación no recogida por el legislador laboral, reproduce la posibilidad que el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores otorga al trabajador para extinguir su contrato en determinadas circunstancias y con derecho a la indemnización correspondiente al despido improcedente. Este tipo de demandas suelen coincidir con los procesos concursales, si bien la realidad temporal puede ser distinta.
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 abril 2016 realiza unas interesantes consideraciones sobre la compensación en el concurso.
2016 is turning out to be a year of significant reform of insurance law. The Insurance Act comes into force on 16 August 2016 and now we know that the Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010 will finally come into force on 1 August 2016, having been updated by the Third Parties (Rights against Insurers) Regulations 2016.
2016 is turning out to be a year of significant reform of insurance law. The Insurance Act comes into force on 16 August 2016 and now we know that the Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010 will finally come into force on 1 August 2016, having been updated by the Third Parties (Rights against Insurers) Regulations 2016.
Article 93(2)(3) of the Spanish Insolvency Act1 (abbrev. LC) states that companies that belong to the same group of companies as the insolvent debtor shall be regarded as parties related to such debtor.