The Ontario Court of Appeal in Meridian Credit Union Limited v Baig1 made it clear that misinforming a receiver during the purchase of a property, even by omission, will not be tolerated. Purchasers in the context of a receivership have an obligation to ensure that the receiver is aware of all of the facts. The court also took the opportunity to remind corporate directors that they will be held personally responsible for their tortious conduct, even if that conduct was directed in a bona fide manner to the best interests of the company.
1. Prolegómenos sobre naturaleza del leasing
In Walchuk v. Houghton, the Ontario Court of Appeal held that the stay of all proceedings against a bankrupt pursuant to the Bankruptcy and Insolvency Act applies to a contempt motion brought by a judgment creditor where the contempt arises after the bankruptcy.
The much-debated and closely-monitored Re Redwater Energy Corp.
Análisis GA&P | Mayo 2016 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1.
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”), aplicable a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 2015 introdujo importantes novedades en relación con el régimen especial de neutralidad fiscal aplicable a las operaciones de reestructuración (“Régimen Especial”).
Entre otras, el Régimen Especial ha quedado configurado como el régimen aplicable por defecto a estas operaciones, no siendo necesario optar por su aplicación (sin perjuicio de la obligación de comunicar la realización de la operación a la Administración Tributaria).
The Alberta Court of Queen’s Bench has released its highly anticipated decision in Redwater Energy Corporation (Re), 2016 ABQB 278 (“Redwater”).
Summary
El Tribunal Supremo acepta que la ausencia de entendimiento entre los socios pueda considerarse un motivo económico válido en las operaciones de reestructuración empresarial cuando aquéllos puedan probar que sus discrepancias en cuanto a la organización empresarial condicionan la viabilidad de la empresa.
En situaciones de crisis empresarial no son extrañas demandas de despido «tácito». Aunque se trata de una denominación no recogida por el legislador laboral, reproduce la posibilidad que el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores otorga al trabajador para extinguir su contrato en determinadas circunstancias y con derecho a la indemnización correspondiente al despido improcedente. Este tipo de demandas suelen coincidir con los procesos concursales, si bien la realidad temporal puede ser distinta.