En aplicación del art. 6.3 Cc, se declaran nulas prendas sobre acciones otorgadas por una sociedad en garantía de préstamos para adquirir acciones de la propia sociedad porque vulneran la prohibición de asistencia financiera. No existe obligación de restitución porque la prenda fue concedida con carácter unilateral y gratuito.
En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.
Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.
La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes28.
La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).
La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.
Chapter 15 of the Bankruptcy Code,1 the U.S. enacted equivalent of the UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvencies, has received a fair amount of use by distressed shipping companies since it was enacted in 2005. In 2007, we wrote in these pages that Chapter 15 might provide a welcome U.S. safe harbor. (See “Shipping, Finance, and Insolvencies: A Homeport in the United States?” Mainbrace, June 2007, No. 2). More recently, in 2009, we published “Shipping, Finance, and Insolvencies: The Black Swan Comes Home to Roost” (Mainbrace, January 2009, No.
Recently, a Delaware bankruptcy court denied a purchaser of claims its recovery because of judgments against the original holders of the claims from whom the claims were purchased. The case,In re KB Toys, Inc., et al., 470 B.R. 331 (Bankr. D. Del.
In a recent decision, Senior Transeastern Lenders v. Official Comm. of Unsecured Creditors (In re TOUSA, Inc.), 2012 US App. LEXIS 9796 (11th Cir. May 15, 2012), the 11th Circuit Court of Appeals overturned a district court decision which had forcefully quashed a bankruptcy court decision to avoid, as a fraudulent transfer, a $400 million settlement and loan repayment by a parent company to a group of lenders (the “Transeastern lenders”).
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Recent trade publications have prophesized a wave of shipping bankruptcies. We have already seen several in the United States in 2011, such as Omega and Marco Polo. Trailer Bridge and General Maritime fi led in November. There will undoubtedly be more, despite the potential debtors having little or no connection to the United States. In this respect, non-U.S. listed shipowning companies considering restructuring and reorganization may not factor in the potential for a U.S. main proceeding under Chapter 11 reorganization on the assumption that they do not qualify to be U.S. debtors.