With the growing concern over the environmental impacts of commercial activity, provinces have enacted and expanded environmental legislation in order to hold companies accountable for the costs of remediating the environmental harm they cause. However, regulators have struggled with how to hold companies accountable for environmental harm when they become insolvent. For many years, clean-up obligations have been treated as unsecured claims lacking priority over secured claims.

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

No es concursal una acción que tiene por objeto una pretensión de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad delictual o cuasidelictual, que ejercita el síndico en el marco de un procedimiento de insolvencia y que, de prosperar, daría lugar a la reintegración de lo obtenido en la masa activa. La competencia para conocer de ella se determina por las disposiciones del Reglamento Bruselas I (RBI, aplicado al caso por razones temporales, si bien lo decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] se extiende al actualmente aplicable RBIbis).

An unresolved question - and one that generates disparate opinions - is addressed in this paper concerning whether and how conditional or litigating creditors should be acknowledged in terms of quorum and voting under the Fourth Additional Provision of the Insolvency Act.

Cuestión no resuelta —y generadora de dispares opiniones—, se afronta en esta nota cómo han de ser, o no, reconocidos en el quorum y en el voto de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal los acreedores condicionales y los litigiosos.

A five judge majority of the Supreme Court of Canada has allowed an appeal brought by the Alberta Energy Regulator ("AER") and the Orphan Well Association from the decision of the Alberta Court of Appeal in Orphan Well Association v Grant Thornton Limited, 2017 ABCA 124 ("Redwater"). The case has been one of the most closely watched by the Canadian oil and gas industry in decades.

The dispute in Redwater centred on the renunciation of uneconomic oil and gas wells, pipelines and facilities that are subject to provincial abandonment and remediation liabilities.

A five judge majority of the Supreme Court of Canada has allowed an appeal brought by the Alberta Energy Regulator (“AER”) and the Orphan Well Association from the decision of the Alberta Court of Appeal in Orphan Well Association v Grant Thornton Limited, 2017 ABCA 124 (“Redwater”). The case has been one of the most closely watched by the Canadian oil and gas industry in decades.

Concedida una subvención pública, fue posteriormente anulada en vía administrativa, con resolución que obligaba a devolver su importe. Entretanto el beneficiario de la subvención había sido declarado en concurso. Las dos instancias judiciales entendieron que la deuda de restitución es una deuda de la masa, por haber tenido lugar su devengo después de la declaración de concurso.

La Propuesta de Directiva de 22 de noviembre del 2016 aborda (ofreciendo nuevas perspectivas de desarrollo del Derecho español) la cuestión de la necesidad del consentimiento de los socios para proceder a la capitalización de créditos en un escenario preconcursal.