Nos acercamos a los 100 días de la pandemia que ha sacudido nuestro modo de vivir y trabajar y ha llevado nuestra economía a una situación de crisis cuya profundidad y extensión están aún por definir pero se esperan muy amplias.
In previous weeks our Financial Services Updates have discussed certain proactive measures that lenders and borrowers can take in light of the COVID-19 pandemic. This week our update focuses on the ability of companies to terminate contracts in accordance with their provisions or disclaim or resiliate contracts in the context of a restructuring.
Liberado el segundo tramo de la lnea ICO de avales para paliar los efectos econmicos del COVID-19, aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 (RDL 8/2020), se discute an estos das sobre la compatibilidad de estas garantas con operaciones de refinanciacin y reestructuracin de deuda.
En concreto, se plantean dudas que se concretan en tres momentos temporales:
On March 11, 2020, the Court of Appeal for Ontario released its decision in Urbancorp Cumberland 2 GP Inc. (Re) 2020 ONCA 197 (“Urbancorp”), stating that a s.9(1) trust under Ontario’s Construction Act R.S.O. 1990, c. C.30 (“CA” or the “Act”) can be effective in insolvency proceedings under the federal Companies’ Creditors Arrangement Act R.S.C. 1085, c. C-36 (“CCAA”).
La Dirección General de los Registros y del Notariado se pronunció en esta resolución sobre la posibilidad de que el nombramiento del representante persona física de una sociedad nombrada administradora se realice a través de un apoderado de ésta, sobre la necesidad de que conste la aceptación del representante persona física y sobre la naturaleza de esta figura.
Los administradores responden de las deudas contraídas por la sociedad tras la aparición de una causa de disolución si no promueven la ordenada disolución y liquidación. Sin embargo, esta obligación se refiere a las deudas surgidas durante su cargo, de manera que no les son imputables las deudas originadas antes de su nombramiento como administradores, aunque al acceder al cargo la sociedad ya estuviera en causa de disolución.
La Sentencia del Tribunal Supremo nº1246/2019, de 25 de septiembre anula el art. 197 bis del RD 1065/2007, de 27 de julio por entender que no cuenta con habilitación legal, de modo que la potestad de dictar una liquidación de los elementos de la deuda tributaria vinculados al delito no ampara suficientemente la posibilidad de pasar tanto de culpa o remitir el expediente al Ministerio Fiscal en cualquier momento, incluso cuando ya se ha dictado la liquidación o se ha impuesto la sanción.
As we reported last week, on November 1, 2019, amendments to both the Bankruptcy and Insolvency Act (the “BIA”)
On November 1, 2019, major amendments to theBankruptcy and Insolvency Act (Canada) (the “BIA”) and the Companies’ Creditors Arrangement Act (Canada) (the “CCAA”) included in Bill C-97[1] and Bill C-86
La Dirección General de Los Registros y el Notariado, en su resolución de 10 de julio de 2019, se pronuncia sobre la necesaria relatividad en la rigurosidad del balance de liquidación de una sociedad limitada, en este caso con relación a una "desafortunada" contabilización de una aportación a la cuenta 118.