En aplicación del art. 6.3 Cc, se declaran nulas prendas sobre acciones otorgadas por una sociedad en garantía de préstamos para adquirir acciones de la propia sociedad porque vulneran la prohibición de asistencia financiera. No existe obligación de restitución porque la prenda fue concedida con carácter unilateral y gratuito.
En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.
Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.
La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes28.
La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).
La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.
In two recent decisions,2 the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York denied motions by large chapter 11 debtors to approve executive bonus plans designated as key employee incentive plans ("KEIP"), finding that the proposed KEIPs actually were disguised and impermissible retention or "pay to stay" bonus plans for insiders. These are the first opinions to reject so-called KEIPs following a recent line of cases that have approved KEIPs for insiders.
On July 2, 2012, the Illinois Department of Insurance (IDOI) entered an Agreed Order of Rehabilitation against Lumbermens Mutual Casualty Company and American Manufacturers Mutual Insurance Company, which is the part of the Lumbermens Mutual Group formerly known as Kemper (collectively, “Lumbermens”). Under the order, IDOI’s Director will serve as Lumbermens’ Rehabilitator with powers to restructure Lumbermens’ insurance business. From this point forward, Lumbermens will no longer take on any new insurance obligations, issue any new policies, or renew any existing policies.
In a recent decision1 involving Global Aviation Holdings, Inc.
Given the spate of bankruptcies filed over the last few years, including by large-scale tenants such as Borders, Linens 'n Things, and Circuit City, and the tenuous financial condition of big-box retailers such as Best Buy, it is important for both landlords and tenants to understand the benefits and limitations of bankruptcy protection as it relates to the status of a bankrupt tenant’s leasehold interest.
In somewhat related news, in two recent New York Supreme Court rulings, judges upheld the validity of “bad boy” guarantees that included as non-recourse exceptions or “bad boy” acts under the guarantee a voluntary bankruptcy filing by the borrower.