The West Virginia Consumer Credit and Protection Act (“WVCCPA”) is a remedial statute designed to protect West Virginia consumers from improper debt collection. Only “consumers” have standing to file a lawsuit under the WVCCPA. The term “consumer” is defined as a natural person that owes a debt or allegedly owes a debt. But does a person still owe debt if that debt was discharged by a bankruptcy court? Although there is some conflicting case law in West Virginia, an answer is forming.

The new company shareholders, who have accessed ownership of the securities by ordinary purchase or by enforcement of a pledge of securities, must beware above all of the hitherto dormant claims of former shareholders and directors.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

1. El supuesto de hecho 

Una sociedad eslovaca productora de bebidas alcohólicas, que había conseguido un aplazamiento de su deuda fiscal previa constitución de garantías, no pudo hacer frente a los pagos pactados y, en consecuencia, presentó la solicitud de iniciación de un procedimiento de convenio de acreedores ante el tribunal regional competente, proponiendo el pago del 35 % de la deuda, que ascendía a un total de 21,4 millones de euros, de los cuales 21,3 correspondían a la deuda fiscal.

La presentación de una demanda por parte del trabajador requiriendo la extinción de su contrato por incumplimiento del empleador genera especial controversia si, inmediatamente después, este último solicita la declaración del concurso. Por una parte, porque se entiende que, tras la declaración del concurso, el contrato ya no está vigente al haber aprobado el juez del concurso la extinción colectiva de todos los contratos laborales de la empresa por lo que, el juez de lo social, no deberá pronunciarse sobre una relación ya extinguida.

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V2252-18, de 26 de julio de 2018, aclara cómo y cuándo un contribuyente del impuesto sobre la renta de las personas físicas habrá de imputarse las minusvalías latentes derivadas de una inversión en aportaciones financieras subordinadas de una cooperativa que posteriormente fue declarada en concurso, entrando en fase de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.

On October 26, the Eastern District of Wisconsin issued a ruling dismissing a Fair Credit Reporting Act case. In Garland v. Marine Credit Union, the Court granted summary judgment in favor of the debt collector, holding the dispute was a legal issue such that the consumer could not establish a factual inaccuracy in the credit reporting.

The Northern District of Illinois recently held that a collection letter sent to a consumer’s attorney seeking payment on a debt discharged in bankruptcy did not violate the Fair Debt Collection Practices Act based on the “competent lawyer” standard. The case is Grajny v. Credit Control, LLC, No. 18-C-2719, 2018 U.S. Dist. LEXIS 173682, 2018 WL 4905019 (N.D. Ill. Oct. 9, 2018).

On August 20, the U.S. Bankruptcy Court for the Central District of Illinois in In re I80 Equipment, LLC, No.17-81749, 2018 WL 4006294 (Bankr. C.D. Ill. Aug. 20, 2018) held that a secured party failed to perfect its security interest due to an insufficient description of the collateral listed in its UCC-1 financing statement. The financing statement failed to sufficiently describe the collateral because it referenced the definition of “collateral” in the underlying security agreement without attaching the security agreement to the financing statement.