The Commodity Futures Trading Commission proposed its first comprehensive overhaul of its bankruptcy rules since 1983. The recommended new rules do not substantively change anything but codify many CFTC interpretations and views developed over 40 years and refresh references to means of communication and recordkeeping practices to reflect current norms.
At the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) open meeting on April 14, the CFTC unanimously approved proposed amendments to Part 190 of its rules governing bankruptcy proceedings of commodity brokers, including futures commission merchants (FCMs) and derivatives clearing organizations (DCOs). The proposed amendments are intended to comprehensively update Part 190 to reflect current market practices. Among other revisions, the proposed amendments to Part 190 would:
Background
In the 2018 Autumn Budget, the Chancellor announced his intention to reintroduce Crown Preference with effect from 6 April 2020. Due to the attempts to prorogue Parliament and the General Election last year, the necessary legislation was not passed. However, it has now been introduced in the Finance Bill 2020, with the later start date of 1 December 2020.
Liberado el segundo tramo de la lnea ICO de avales para paliar los efectos econmicos del COVID-19, aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 (RDL 8/2020), se discute an estos das sobre la compatibilidad de estas garantas con operaciones de refinanciacin y reestructuracin de deuda.
En concreto, se plantean dudas que se concretan en tres momentos temporales:
Cash flow and current and future liquidity are now real concerns for many businesses during this COVID-19 pandemic. Increasingly, the attention of directors and the wider economic ecosystem is turning to consider the issues of approaching insolvency and the duties of directors.
In line with the current approach of the UK Government to support businesses, on Saturday, 28 March, the Business Secretary, Alok Sharma, announced that UK wrongful trading insolvency laws are to temporarily change to help give businesses and directors some "breathing space".
La Dirección General de los Registros y del Notariado se pronunció en esta resolución sobre la posibilidad de que el nombramiento del representante persona física de una sociedad nombrada administradora se realice a través de un apoderado de ésta, sobre la necesidad de que conste la aceptación del representante persona física y sobre la naturaleza de esta figura.
Los administradores responden de las deudas contraídas por la sociedad tras la aparición de una causa de disolución si no promueven la ordenada disolución y liquidación. Sin embargo, esta obligación se refiere a las deudas surgidas durante su cargo, de manera que no les son imputables las deudas originadas antes de su nombramiento como administradores, aunque al acceder al cargo la sociedad ya estuviera en causa de disolución.
La Sentencia del Tribunal Supremo nº1246/2019, de 25 de septiembre anula el art. 197 bis del RD 1065/2007, de 27 de julio por entender que no cuenta con habilitación legal, de modo que la potestad de dictar una liquidación de los elementos de la deuda tributaria vinculados al delito no ampara suficientemente la posibilidad de pasar tanto de culpa o remitir el expediente al Ministerio Fiscal en cualquier momento, incluso cuando ya se ha dictado la liquidación o se ha impuesto la sanción.
La Dirección General de Los Registros y el Notariado, en su resolución de 10 de julio de 2019, se pronuncia sobre la necesaria relatividad en la rigurosidad del balance de liquidación de una sociedad limitada, en este caso con relación a una "desafortunada" contabilización de una aportación a la cuenta 118.
El Tribunal Supremo, aun admitiendo la vertiente resarcitoria de la cláusula penal, rechaza que tenga eficacia sancionadora para el deudor en concurso. En consecuencia, se sostiene que el interés del concurso sirva como factor de moderación de las cláusulas penales.
La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 145/2019, de 8 de marzo (Ponente Excmo. Sr. don Francisco Javier Orduña Moreno) se pronuncia sobre los efectos de la cláusula penal sobre una concursada tras la resolución de un contrato.