In a sudden and stunning collapse, FTX, the world’s second largest cryptocurrency exchange, run by 30-year-old Sam Bankman-Fried along with more than 130 entities affiliated with FTX, filed for Chapter 11 bankruptcy protection in Delaware on Friday.[1] Separately, the Securities Commission of the Bahamas appointed a Bahamas-based provisional liquidator for the controlling FTX entity and froze its assets along with
On Aug. 30, 2021, in a significant decision that paves the way for additional substantial recoveries for the victims of Bernard L. Madoff’s Ponzi scheme, the Second Circuit Court of Appeals preserved the ability of Irving H. Picard, SIPA Trustee for the liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS), to pursue $3.75 billion of stolen customer property currently in the hands of participants in the global financial markets.
On January 12, 2021, the Department of Justice (the “DOJ”) settled its first civil action for alleged fraud against the Paycheck Protection Program (the “PPP”) – the primary lending program under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (“CARES”) Act for small businesses negatively impacted by the COVID-19 pandemic.
Over the past four years, midstream firms have struggled to adapt their long-standing practices and adjust their long-held expectations, which were fundamentally disrupted by the outcome of the landmark bankruptcy case, In re Sabine Oil & Gas. Midstream providers have since developed and relied on certain mechanisms and carefully drafted contract language in order to bind upstream companies and their successors in interest to obligations and restrictions contained of midstream agreements.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.