This article sets out some reflections on the decision of the Supreme Court in Sevilleja v Marex Financial Limited [2020] UKSC 31 from July 2020 which clarifies the scope of the so-called ‘reflective loss’ rule. The first instance judgment raised some comment-worthy issues regarding the economic torts which were not the subject of any appeal.
El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº10 de Barcelona, del pasado 29 de julio, ha permitido el nombramiento de un administrador antes del concurso para facilitar la venta de la unidad productiva antes de la declaración de concurso. Con ello, se ha permitido una medida equivalente al “pre-pack” anglosajón, favoreciendo una liquidación más eficiente y evitando incrementar el pasivo de la concursada.
The Corporate Insolvency and Governance Act 2020 (“CIGA”), which came into force on 26 June 2020, introduced a series of new “debtor friendly” procedures and measures to give companies the breathing space and tools required to maximize their chance of survival. The main insolvency related reforms in CIGA (which incorporates both permanent and temporary changes to the UK’s laws) include:
1. New moratorium to give companies breathing space from their creditors
2. Prohibition on termination of contracts for the supply of goods and services by reason of insolvency
La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del TS avala, con ciertos límites, las cláusulas de los convenios de acreedores en las que se prevé la pérdida del crédito de los acreedores que no comuniquen en un plazo determinado su número de cuenta bancaria. Una reciente sentencia de 2019 ha matizado el alcance tradicional de esta doctrina.
The U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit (the “Sixth Circuit”), whose jurisdiction includes Michigan, Ohio, Kentucky, and Tennessee, recently held that, under Chapter 13 of the Bankruptcy Code, a debtor’s pre-petition and certain post-petition voluntary retirement contributions are excludable from the debtor’s disposable income, which is used to satisfy a debtor’s obligations to its unsecured creditors.
Nos acercamos a los 100 días de la pandemia que ha sacudido nuestro modo de vivir y trabajar y ha llevado nuestra economía a una situación de crisis cuya profundidad y extensión están aún por definir pero se esperan muy amplias.
Liberado el segundo tramo de la lnea ICO de avales para paliar los efectos econmicos del COVID-19, aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 (RDL 8/2020), se discute an estos das sobre la compatibilidad de estas garantas con operaciones de refinanciacin y reestructuracin de deuda.
En concreto, se plantean dudas que se concretan en tres momentos temporales:
La Dirección General de los Registros y del Notariado se pronunció en esta resolución sobre la posibilidad de que el nombramiento del representante persona física de una sociedad nombrada administradora se realice a través de un apoderado de ésta, sobre la necesidad de que conste la aceptación del representante persona física y sobre la naturaleza de esta figura.
Los administradores responden de las deudas contraídas por la sociedad tras la aparición de una causa de disolución si no promueven la ordenada disolución y liquidación. Sin embargo, esta obligación se refiere a las deudas surgidas durante su cargo, de manera que no les son imputables las deudas originadas antes de su nombramiento como administradores, aunque al acceder al cargo la sociedad ya estuviera en causa de disolución.
La Sentencia del Tribunal Supremo nº1246/2019, de 25 de septiembre anula el art. 197 bis del RD 1065/2007, de 27 de julio por entender que no cuenta con habilitación legal, de modo que la potestad de dictar una liquidación de los elementos de la deuda tributaria vinculados al delito no ampara suficientemente la posibilidad de pasar tanto de culpa o remitir el expediente al Ministerio Fiscal en cualquier momento, incluso cuando ya se ha dictado la liquidación o se ha impuesto la sanción.