Are the regimes of construction adjudication and insolvency incompatible? Recent Court of Appeal authority suggested that they are, but in Meadowside Building Developments Ltd (In Liquidation) v 12-18 Hill Street Management Company Ltd [2019] EWHC (TCC), Adam Constable QC sitting as a district judge in the high court has clarified the exceptional circumstances in which a company in liquidation can enforce an adjudicator’s decision in its favour.
We here at the Global Restructuring & Insolvency Developments (GRID to our friends) have been following the tuition clawback wars for a few years – the cases in which a bankruptcy trustee sues a college to return tuition that the bankrupt parent paid for their child when the parent was otherwise stiffing other creditors.
One day, you get a notice in the mail that an important customer has filed chapter 11. Your customer recently paid $250,000 on invoices that were delinquent for several months and still owes you $500,000. The customer, a brick-and-mortar store, sent form letters to its vendors expressing optimism that the chapter 11 process will allow the store to continue to operate while it locates a buyer which will continue to operate the store.
On August 23, 2019, President Donald J. Trump signed into law two bills amending the Bankruptcy Code: (i) the Family Farmer Relief Act of 2019 (“FFRA”); and (ii) the Small Business Reorganization Act of 2019 (“SBRA,” and with FFRA, the “Acts”).1 Here are summaries of the Acts and important takeaways.
DEBT LIMIT INCREASE APPLICABLE TO AGRIBUSINESSES
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.