The Court of Justice of the European Union (CJEU) has just made a pronouncement on three of the most important matters open to interpretation concerning the regime applicable to financial collateral arrangements under Directive 47/2002 of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de pronunciarse sobre tres de los más importantes extremos interpretativos del régimen de garantías financieras contenido en la Directiva 47/2002.
La Audiencia Nacional, en una interesante sentencia, ha matizado el criterio que desde la Administración ha venido manteniéndose en muchos casos en virtud del cual la presencia de una segunda finalidad en las operaciones de reestructuración empresarial, añadida a la de perseguir una auténtica reorganización de la entidad, conllevaría, partiendo del análisis conjunto de la operación, la exclusión de la posibilidad de aplicar el régimen especial previsto a efectos del impuesto sobre sociedades para las citadas operaciones.
Como regla general, los créditos de los administradores de hecho contra la sociedad concursada que ellos administran (o han administrado) de facto serán clasificados como subordinados en los términos previstos en los artículos 92.5.º y 93.2.2.º de la Ley Concursal. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley 17/2014, ha regido un régimen coyuntural que ha permitido que los créditos derivados de la aportación de «nuevos ingresos de tesorería» (fresh money) en el marco de acuerdos de refinanciación típicos escaparan a la postergación concursal.
The defence of illegality, enunciated in arts. 1305 and 1306 of the Civil Code (abbrev.
La regla de la que vamos a tratar se formula con diversos nombres, aunque es muy conocida la expresión nemo potest propriam turpitudinem allegareo la denominación de denegatio actionis.
1. Prolegómenos sobre naturaleza del leasing
In Essar Steel Algoma Inc. (Re), Justice David Brown of the Ontario Court of Appeal held that the ambit of orders “made under” the Companies’ Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36 (the “CCAA”), and thus requiring leave to be appealed, is broad. Though concluding that the appellant in this case required leave to appeal, he nonetheless ordered the leave motion be expedited.
In his decision in Global Royalties Limited v. Brook, Chief Justice Strathy of the Ontario Court of Appeal explained that the Bankruptcy and Insolvency Act (“BIA”) does not provide a bankrupt with a right to appeal an order lifting a stay of proceedings against him. Despite there being a multi-party bankruptcy, he rejected the submission that “the order or decision is likely to affect other cases of a similar nature in the bankruptcy proceedings”.
Análisis GA&P | Mayo 2016 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1.