The Office of the Director of Corporate Enforcement (ODCE) has recently issued welcome guidance on how the impact of COVID-19 will be considered by the ODCE when evaluating potential restriction cases in respect of directors of insolvent companies – see here.
The Revenue Commissioners have issued some recent welcome clarifications about certain provisions of the Government's temporary wage subsidy scheme.
Application for the Subsidy Scheme – An Admission of Insolvency?
The main provisions of the subsidy scheme are set out in Section 28 of the Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Act 2020.
That section also contains the criteria for an employer's eligibility to avail of the subsidy scheme. One such criterion is that:
In the case of Wilson v McNamara [2020] EWHC 98 (Ch) the High Court of England and Wales (the Court) considered whether the EU principle of freedom of establishment requires that a pension held in another EU member state (Ireland) should be excluded from a bankruptcy estate under UK law in the same manner as a UK pension would be in a UK bankruptcy. Mr Justice Nugee decided in order to decide the case the Court needed to refer a preliminary reference to the European Court of Justice (CJEU) on a question of EU law.
A recent English Court of Appeal decision has held that legal advice privilege, once established, remains in existence unless and until it is waived. Whether there is no one to waive it; or whether the Crown could have waived it but has not done so; does not matter.
What was the Background to the Case?
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.