El órgano judicial europeo ha dictado una sentencia de especial relevancia para el funcionamiento y efectividad de los 'pre-packs' concursales. En concreto, aclara los requisitos que se deben cumplir para respetar los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas.
Analizamos las principales novedades introducidas en el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, recientemente publicado en el Boletín de las Cortes. Ofrecemos, además, un documento comparativo en el que mostramos todos los cambios que incorpora el texto respecto del anteproyecto inicial publicado el pasado mes de agosto.
El Consejo de Ministros ha acordado extender el plazo de solicitud de la financiación avaladapor el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada), así como elevar los umbrales económicos relativos a la refinanciación de la misma, trasladando dichas modificaciones al Código de Buenas Prácticas.
El pre-pack concursal se está implementando en España de manera paulatina a través de diversos protocolos y resoluciones judiciales. Ofrecemos un mapa desde el que se podrá acceder a las novedades que vayan surgiendo en este terreno.
Se amplía la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022
El 24 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. Dicha norma recoge, entre otros aspectos, la extensión, hasta 2022, de la aplicación de ciertas medidas favorables a las empresas, en materia concursal, societaria, administrativa y de avales y ayudas públicas.
Selección de las principales resoluciones sobre reestructuraciones e insolvencias.
Homologada la refinanciación del Grupo Naviera Armas
Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 27 de octubre de 2021
Las medidas que ahora se ven reforzadas o modificadas tienen su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril –del que Garrigues ya se hizo eco en esta publicación–, que fue posteriormente sustituido por la
On August 5, 2021, the Eighth Circuit reversed a district court’s decision to dismiss a confirmation order appeal as equitably moot.[1] The doctrine of equitable mootness can require dismissal of an appeal of a bankruptcy court decision – typically, an order confirming a chapter 11 plan – on equitable grounds when third parties have engaged in significant irreversible transactions
On October 5, 2021, the Tenth Circuit joined the Second Circuit in concluding statutory fee increases that applied only to debtors filing for bankruptcy in judicial districts administered by the United States Trustee Program (the “US Trustee” or the “UST Program”) violated the U.S.
As a matter of practice, chapter 11 plans and confirmation orders routinely discharge administrative expense claims, including those that arise after confirmation of a plan but before its effective date. The Court of Appeals for the Third Circuit (the “Third Circuit”) recently affirmed the bankruptcy court’s statutory authority to do so in Ellis v. Westinghouse Electric Co., LLC, 2021 WL 3852612 (3d Cir. Aug. 30, 2021).