Los juzgados de primera instancia conocerán, entre otras, de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de consumidores y usuarios.

2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.

With courts and government agencies around the world enacting emergency measures in response to the Covid-19 pandemic – ranging from complete shutdowns to delays and limitations – advancing the ball in dispute resolution is more challenging than ever. Because fraud investigations and complex asset recovery matters are typically managed by litigation counsel and often follow litigated claims, clients have a tendency to see the effort through a litigation lens.