Judge Parker of the U.S. Bankruptcy Court for the Western District of Texas recently issued an order in the case of Hilltop SPV, LLC, granting debtor Hilltop SPV LLC’s (“Hilltop”) motion to reject a Gas Gathering Agreement (“GGA”) with counter-party Monarch Midstream, LLC (“Monarch”).[1] This decision allows Hilltop to reject the GGA while allowing Monarch to retain the covenants that run with the land post-rejection.

Harrington v. Purdue Pharma L.P., 144 S. Ct. 2017 (June 27, 2024)

The U.S. Supreme Court held last week in Truck Insurance Exchange v. Kaiser Gypsum Co. that an insurance company with financial responsibility for bankruptcy claims is a “party in interest” with the right to object to a Chapter 11 reorganization plan.

Section 1109(b) of the Bankruptcy Code provides:

Purchasers often relish the prospect of buying distressed assets in a bankruptcy proceeding. Under section 363 of the Bankruptcy Code, a buyer may obtain ownership of bankruptcy estate assets “free and clear of any interest” (assuming certain conditions are met), and also be reasonably confident that the sale will not be reversed on appeal. But the U.S. Supreme Court may have now tempered that confidence. In its recent, unanimous opinion, MOAC Mall Holdings LLC v. Transform Holdco LLC, No. 21-1270 (Apr.

The American bankruptcy process is geared towards providing (a) financially distressed businesses and individuals with a “fresh start” and (b) their creditors a fair opportunity to address their claims. Much of that process takes place in bankruptcy courts all over the country on a daily basis. So, what effect does a pandemic, such as the novel coronavirus (and its attendant disease, COVID-19), have on the administration of bankruptcy cases in the U.S.? Of course, the federal, state and local restrictions on public gatherings create a challenge for U.S.

La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.