The peak indebtedness rule employed by liquidators to maximise recovery of unfair preference claims is abolished

A recent case in the NSW Court of Appeal clarifies the purpose, and limits, of a public examination summons

The PAS Group decision reaffirms the principle that rent incurred during the administration period takes priority in the winding-up payment waterfall

Antqip Hire highlights the importance of drafting a DOCA carefully, and properly communicating to creditors the commercial risks

The case of Antqip Hire was brought by the liquidators of two related entities (Antqip Pty Limited and Antqip Hire Pty Limited).

Orders were sought determining:

A voluntary administrator is often appointed by the company. The directors have a role in selecting the administrator; often the referral will come through one of the company’s advisers, such as the accountant or lawyer.

National Rugby League (NRL) was successful in setting aside a summons for public examination obtained by the liquidator of Newheadspace Pty Limited (Newheadspace). The Court also awarded NRL its costs. The Court found that the creditors’ voluntary winding-up of Newheadspace was an abuse of process, and that the summonses were obtained for an improper purpose.

La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.