“To achieve great things, two things are needed: a plan, and not quite enough time.” – Leonard Bernstein

To paraphrase, great things happen when there is a plan and a deadline.

Examinership is one of Ireland’s key rescue processes for insolvent companies. It has been used successfully in very many cases since its introduction almost 20 years ago.

Crucially, it encompasses a deadline with no flexibility.

100 days

Less than an hour after an oxygen tank exploded on Apollo 13, mission control told the crew to isolate a small tank, containing 3.9 pounds of oxygen.^[1] Days later, that tank provided the oxygen to keep the crew alive while landing back on Earth.

If they had left that tank for even another hour the oxygen in it would have been almost gone.

La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.

The appointment of a receiver by way of equitable execution has generally been considered a “remedy of last resort”[1] and, for over a hundred years, courts have expressed differing views as to when they could appoint such a receiver.

The Land and Conveyancing Law Reform (Amendment) Bill 2019 (the “Bill”) proposes to broaden the factors that the courts can consider in refusing orders for possession sought by lenders.

The Bill has its roots in the Keeping People in their Homes Bill, 2018, introduced by Kevin “Boxer” Moran T.D., as a private member’s bill. However, the Bill does not go as far as Mr Moran’s bill and, for instance, does not require disclosure of the price paid by a purchaser of the loan.

Background

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

Overall 2018 has produced a number of positive judgments from the perspective of lenders and insolvency practitioners.

In particular, the courts delivered many useful judgments disposing of numerous challenges to the enforceability of loans and security and, also, restricting abuse of the courts’ processes.

Contemptuous McKenzie Friends

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.