The peak indebtedness rule employed by liquidators to maximise recovery of unfair preference claims is abolished

A recent case in the NSW Court of Appeal clarifies the purpose, and limits, of a public examination summons

The PAS Group decision reaffirms the principle that rent incurred during the administration period takes priority in the winding-up payment waterfall

Antqip Hire highlights the importance of drafting a DOCA carefully, and properly communicating to creditors the commercial risks

The case of Antqip Hire was brought by the liquidators of two related entities (Antqip Pty Limited and Antqip Hire Pty Limited).

Orders were sought determining:

A voluntary administrator is often appointed by the company. The directors have a role in selecting the administrator; often the referral will come through one of the company’s advisers, such as the accountant or lawyer.

National Rugby League (NRL) was successful in setting aside a summons for public examination obtained by the liquidator of Newheadspace Pty Limited (Newheadspace). The Court also awarded NRL its costs. The Court found that the creditors’ voluntary winding-up of Newheadspace was an abuse of process, and that the summonses were obtained for an improper purpose.

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.