The Second Circuit Court of Appeals recently held in In re Tribune Company Fraudulent Conveyance Litigation, No. 13-3992-cv (L) (2d Cir., Dec. 19, 2019) that Bankruptcy Code Section 546(e) barred claims seeking to avoid payments made by Tribune to its shareholders as part of a leveraged buyout (LBO).

Yes, says the Third Circuit. The Third Circuit recently held that the Bankruptcy Court has the authority to confirm a chapter 11 plan which contains nonconsensual, third-party releases when such releases are integral to the successful reorganization. The court’s decision in In re Millennium holds that, when the third-party releases are integral to the restructuring of the debtor-creditor relationship, the Bankruptcy Court has the constitutional authority to approve nonconsensual, third-party releases.

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In the fifth opinion involving the repo liquidation saga of HomeBanc, the Third Circuit addressed several crucial issues involving the liquidation and valuation of repo collateral in bankruptcy. In re HomeBanc Mortg. Corp., 2019 WL 7161215 (3d Cir. Dec. 24, 2019).

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Introduction

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Following various disputes as to the scope of the collateral given to secured creditors, the debtors and certain of their noteholders jointly proposed a chapter 11. The plan included a rights offering that the consenting noteholders agreed to backstop. These consenting noteholders were granted the right to purchase significant equity of the reorganized debtors at a discount and receive significant premiums for their agreement to backstop the rights offering and support the plan.

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

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El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.