“To achieve great things, two things are needed: a plan, and not quite enough time.” – Leonard Bernstein

To paraphrase, great things happen when there is a plan and a deadline.

Examinership is one of Ireland’s key rescue processes for insolvent companies. It has been used successfully in very many cases since its introduction almost 20 years ago.

Crucially, it encompasses a deadline with no flexibility.

100 days

Less than an hour after an oxygen tank exploded on Apollo 13, mission control told the crew to isolate a small tank, containing 3.9 pounds of oxygen.^[1] Days later, that tank provided the oxygen to keep the crew alive while landing back on Earth.

If they had left that tank for even another hour the oxygen in it would have been almost gone.

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

The appointment of a receiver by way of equitable execution has generally been considered a “remedy of last resort”[1] and, for over a hundred years, courts have expressed differing views as to when they could appoint such a receiver.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

The Land and Conveyancing Law Reform (Amendment) Bill 2019 (the “Bill”) proposes to broaden the factors that the courts can consider in refusing orders for possession sought by lenders.

The Bill has its roots in the Keeping People in their Homes Bill, 2018, introduced by Kevin “Boxer” Moran T.D., as a private member’s bill. However, the Bill does not go as far as Mr Moran’s bill and, for instance, does not require disclosure of the price paid by a purchaser of the loan.

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