La prolongada duración de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el tejido económico empresarial ha impulsado al Gobierno a extender en el tiempo algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.
On October 28, 2020, FERC declined to abrogate or modify firm natural gas transportation service agreements (“Gulfport TSAs”) between Gulfport Energy Corporation (“Gulfport”) and Rockies Express Pipeline LLC (“Rockies Express”) in response to a Rockies Express petition anticipating a potential Gulfport bankruptcy filing. After an expedited paper hearing, FERC concluded that the public interest does not presently require any modification, and thus, that the Gulfport TSAs on file remain just and reasonable.
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
On June 22, 2020, FERC issued a declaratory order confirming its view that it shares jurisdiction with the United States Bankruptcy Court (“Bankruptcy Court”) over transportation agreements between ETC Tiger Pipeline, LLC (“ETC Tiger”) and Chesapeake Energy Marketing L.L.C. (“Chesapeake”). As a result, aside from obtaining approval from the Bankruptcy Court to reject its contracts with ETC Tiger, Chesapeake must seek a determination from FERC as to whether a filed rate may be modified or abrogated under the Natural Gas Act (“NGA”).
Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.
Preparation of financial statements and corporate income tax, recommencement of time periods, remote trials, gradual return to workplaces, insolvency proceedings and compliance with criminal law
Los plazos administrativos se reanudarán el próximo 1 de junio, mientras que los plazos procesales y sustantivos lo harán el 4 de junio, tal y como aparece contemplado en el BOE del 23 de mayo de 2020.
New guarantee facility, extension of ERTE temporary layoff procedures, effects of the crisis on transfer pricing, return to judicial activity and ‘shields’ for businesses.
Esta semana cabe destacar la nueva línea de avales, la prórroga de los ERTE, los efectos de la crisis en los precios de transferencia, la vuelta de la actividad judicial y los posibles ‘escudos’ para empresas en dificultades.