En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.
Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación.
1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?
El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».
Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.
Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:
1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res
Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.
1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado
Los hechos relevantes son los siguientes:
On July 6-7, 2017, Craig Jalbert, in his capacity as Trustee for F2 Liquidating Trust, filed approximately 187 complaints seeking the avoidance and recovery of allegedly preferential and/or fraudulent transfers under Sections 547, 548 and 550 of the Bankruptcy Code (depending on the nature of the claims). In certain instances, the Trustee also seeks to disallow claims of such defendants under Sections 502(d) and (j) of the Bankruptcy Code.
On June 15, 2017, Curtis R. Smith, as Liquidating Trustee of the Hastings Creditors’ Liquidating Trust, filed approximately 69 complaints seeking the avoidance and recovery of allegedly preferential and/or fraudulent transfers under Sections 547, 548 and 550 of the Bankruptcy Code. The Liquidating Trustee also seeks to disallow claims of such defendants under Sections 502(d) and (j) of the Bankruptcy Code.
On June 13, 2017, The Original Soupman, Inc. and its affiliates (collectively “Debtors” or “Original Soupman”) commenced voluntary bankruptcy proceedings under Chapter 11 of the Bankruptcy Code. According to its petition, Original Soupman estimates that its assets are between $1 million and $10 million, and its liabilities are between $10 million and $50 million.