Bloomberg reported last month that the Madoff bankruptcy has one more big case to go, chasing USD3.2b held by foreign banks (see our related story above). Mr Picard, the bankruptcy trustee, has reportedly recovered over USD14b of the USD17.5b in losses arising from Madoff's Ponzi scheme.

On 10 October 2019 the Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman, Kate Carnell, announced an upcoming inquiry into insolvency practices. The inquiry was announced in light of rising concerns as to the efficacy of the voluntary administration process for SMEs and family-owned businesses, and concerns with the conduct of insolvency practitioners more generally.

The Ministry of Business, Innovation and Employment has published a Cabinet Paper outlining proposed reforms to New Zealand's insolvency laws to take account of certain recommendations made in the second report of the Insolvency Working Group from May 2017.

Non-party costs are exceptional and are only awarded when it is just to do so and when 'something more' about the non-party's conduct warrants costs.  The involvement of a parent company in litigation and avoiding a realistic settlement is an example of the 'something more' requirement being met.  In Minister of Education v H Construction North Island Ltd (in req and liq) [2019] NZHC 1459, the High Court found that McConnell Ltd's (McConnell) actions in this litigation warranted awarding non-party costs and disbursements of over a million dollars.

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res