Bloomberg reported last month that the Madoff bankruptcy has one more big case to go, chasing USD3.2b held by foreign banks (see our related story above). Mr Picard, the bankruptcy trustee, has reportedly recovered over USD14b of the USD17.5b in losses arising from Madoff's Ponzi scheme.

On 10 October 2019 the Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman, Kate Carnell, announced an upcoming inquiry into insolvency practices. The inquiry was announced in light of rising concerns as to the efficacy of the voluntary administration process for SMEs and family-owned businesses, and concerns with the conduct of insolvency practitioners more generally.

The Ministry of Business, Innovation and Employment has published a Cabinet Paper outlining proposed reforms to New Zealand's insolvency laws to take account of certain recommendations made in the second report of the Insolvency Working Group from May 2017.

La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.

The Government has now announced its intention to proceed with the introduction of a bill to establish a farm debt mediation scheme, based in many respects on comparable New South Wales legislation. It is important for secured lenders to farming enterprises to consider in advance the implications of the bill and the necessary changes to product design, documentation, client relationship management and enforcement processes which may be required.

The scheme is intended to provide for fair, equitable and timely resolution of farm debt issues with two key objectives:

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.

In accordance with EU legislation, Member States have the power to limit the obligation of public guarantee institutions to pay employees’ claims in the event of their employer’s insolvency. The Court of Justice found to be compliant a national provision (Bulgarian law) that confines the protection given by said guarantee institutions to those employment relationships that have not ended within the three months prior to the opening of insolvency proceedings.