In a January 2023 opinion,1 the Southern District of New York Bankruptcy Court overseeing the bankruptcy case of Latin American airline Avianca and certain of its affiliates sanctioned over 150 of the airline’s Brazilian and Columbian creditors who had filed proofs of claim in the bankruptcy case finding t
The National Rifle Association (“NRA”), along with its wholly owned Texas subsidiary, filed for chapter 11 bankruptcy protection on January 15, 2021 in the Bankruptcy Court for the Northern District of Texas. The case already has presented several threshold issues and challenges that are of interest to both bankruptcy practitioners and the market as a whole.
Background
In its October 22, 2020, CNH Diversified Opportunities Master Account, L.P. v.
The economic fallout from the COVID-19 pandemic will leave in its wake a significant increase in commercial chapter 11 filings. Many of these cases will feature extensive litigation involving breach of contract claims, business interruption insurance disputes, and common law causes of action based on novel interpretations of long-standing legal doctrines such as force majeure.
U.S. Bankruptcy Judge Dennis Montali recently ruled in the Chapter 11 case of Pacific Gas & Electric (“PG&E”) that the Federal Energy Regulatory Commission (“FERC”) has no jurisdiction to interfere with the ability of a bankrupt power utility company to reject power purchase agreements (“PPAs”).
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.
Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación.
1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?
El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».
Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.