La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.

This week’s TGIF takes a look at the recent case of Mills Oakley (a partnership) v Asset HQ Australia Pty Ltd [2019] VSC 98, where the Supreme Court of Victoria found the statutory presumption of insolvency did not arise as there had not been effective service of a statutory demand due to a typographical error in the postal address.

What happened?

This week’s TGIF examines a decision of the Victorian Supreme Court which found that several proofs had been wrongly admitted or rejected, and had correct decisions been made, the company would not have been put into liquidation.

BACKGROUND

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

This week’s TGIF considers Re Broens Pty Limited (in liq) [2018] NSWSC 1747, in which a liquidator was held to be justified in making distributions to creditors in spite of several claims by employees for long service leave entitlements.

What happened?

On 19 December 2016, voluntary administrators were appointed to Broens Pty Limited (the Company). The Company supplied machinery & services to manufacturers in aerospace, rail, defence and mining industries.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.

This week’s TGIF considers the recent case of Vanguard v Modena [2018] FCA 1461, where the Court ordered a non-party director to pay indemnity costs due to his conduct in opposing winding-up proceedings against his company.

Background

Vanguard served a statutory demand on Modena on 27 September 2017 seeking payment of outstanding “commitment fees” totalling $138,000 which Modena was obliged, but had failed, to repay.

The recent decision of the Court of Appeal of Western Australia, Hamersley Iron Pty Ltd v Forge Group Power Pty Ltd (in Liquidation) (Receivers and Managers Appointed) [2018] WASCA 163 provides much needed clarity around the law of set-off. The decision will no doubt help creditors sleep well at night, knowing that when contracting with counterparties that later become insolvent they will not lose their set-off rights for a lack of mutuality where the counterparty has granted security over its assets.