La prolongada duración de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el tejido económico empresarial ha impulsado al Gobierno a extender en el tiempo algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
Introduction
Solvency test
Standing and process
Purposes of administration
Effects of administration order
Administrator's duties and functions
Remuneration and swearing in of administrator
As many readers will know, Guernsey has recently approved a significant set of reforms to our insolvency legislation, to bring it in line with comparable jurisdictions such as England. A rules committee is also working on a set of corresponding rules to deal with the finer procedural points that affect a Guernsey insolvency. You can read Ogier's briefing on the new reforms here.
Introduction
The Companies (Guernsey) Law, 2008 (“Companies Law”) provides for companies, protected cell companies (“PCCs”), incorporated cell companies (“ICCs”) and cells of PCCs and ICCs to be placed into administration and for an administrator to be appointed to manage that entity's affairs whilst the administration order remains in force.
Selección de las principales resoluciones en materia de reestructuraciones e insolvencias.
La competencia para conocer de un ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 corresponde a la jurisdicción laboral y no al juez del concurso
Auto del Juzgado de lo Mercantil de León, de 1 de abril de 2020