Recientes resoluciones judiciales han puesto en el foco la problemática aprobación judicial de una liquidación societaria cuando existe una situación de bloqueo por parte de alguno de los socios que impide adoptar acuerdos. Analizamos, a continuación, lo que han dicho los tribunales sobre los acuerdos sociales negativos y su posible impugnabilidad.

(SJM nº 13 de Madrid de 23 de marzo de 2021 y SAP de La Coruña de 1 de abril de 2022)

El Consejo de Ministros ha acordado extender el plazo de solicitud de la financiación avaladapor el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada), así como elevar los umbrales económicos relativos a la refinanciación de la misma, trasladando dichas modificaciones al Código de Buenas Prácticas.

Las medidas que ahora se ven reforzadas o modificadas tienen su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril –del que Garrigues ya se hizo eco en esta publicación–, que fue posteriormente sustituido por la

The Bankruptcy Code confers upon debtors or trustees, as the case may be, the power to avoid certain preferential or fraudulent transfers made to creditors within prescribed guidelines and limitations. The U.S. Bankruptcy Court for the District of New Mexico recently addressed the contours of these powers through a recent decision inU.S. Glove v. Jacobs, Adv. No. 21-1009, (Bankr. D.N.M.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia, la 46/2021, de 2 de febrero, en la que se confirma lo ya señalado en la Sentencia 4/2021, de 15 de enero de 2021. Dos sentencias miméticas en todo (casi hasta en las partes).

La doctrina ahora asentada por la 46/2021 se resume:

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) establece que el socio que ejerce el derecho de separación conserva su condición hasta que se reembolse de manera efectiva su participación. La resolución también señala que, en caso de que la separación se produzca antes de la declaración de concurso de acreedores, el crédito del socio será subordinado sin perjuicio de la eventual contingencia derivada de la posible litigiosidad de su cuantía.

2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.

In In re Smith, (B.A.P. 10th Cir., Aug. 18, 2020), the U.S. Bankruptcy Appellate Panel for the U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit recently joined the majority of circuit courts of appeals in finding that a creditor seeking a judgment of nondischargeability must demonstrate that the injury caused by the prepetition debtor was both willful and malicious under Section 523(a)(6) of the Bankruptcy Code.

Factual Background

In a recent decision, the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York held that claim disallowance issues under Section 502(d) of the Bankruptcy Code "travel with" the claim, and not with the claimant. Declining to follow a published district court decision from the same federal district, the bankruptcy court found that section 502(d) applies to disallow a transferred claim regardless of whether the transferee acquired its claim through an assignment or an outright sale. See In re Firestar Diamond, 615 B.R. 161 (Bankr. S.D.N.Y. 2020).

InIn re Juarez, 603 B.R. 610 (9th Cir. BAP 2019), the Bankruptcy Appellate Panel of the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit addressed a question of first impression in the circuit with respect to property that is exempt from creditor reach: it adopted the view that, under the "new value exception" to the "absolute priority rule," an individual Chapter 11 debtor intending to retain such property need not make a "new value" contribution covering the value of the exemption.

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