Two recent Supreme Court of Canada decisions demonstrate that the corporate attribution doctrine is not a one-size-fits-all approach.
Court approval of a sale process in receivership or Bankruptcy and Insolvency Act (“BIA”) proposal proceedings is generally a procedural order and objectors do not have an appeal as of right; they must seek leave and meet a high test in order obtain it. However, in Peakhill Capital Inc. v.
Entre otras disposiciones, el RDL 5/2023 contiene una serie de medidas para la transposición de la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas intracomunitarias, estructurándose en cuatro títulos, que suponen una nueva regulación de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
The Bankruptcy Code confers upon debtors or trustees, as the case may be, the power to avoid certain preferential or fraudulent transfers made to creditors within prescribed guidelines and limitations. The U.S. Bankruptcy Court for the District of New Mexico recently addressed the contours of these powers through a recent decision inU.S. Glove v. Jacobs, Adv. No. 21-1009, (Bankr. D.N.M.
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del Covid-19, se ha aprobado con el fin de proteger el tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre la economía tras la significativa reducción de ingresos de muchas empresas y autónomos. |
El pasado 18 de noviembre de 2020, entró en vigor el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre de 2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. |
Law 3/2020, of 18 September, on procedural and organisational measures to tackle COVID-19 in the area of the Administration of Justice entered into effect on 20 September 2020.
The new insolvency and corporate measures are brought in with three primary aims:
El pasado 20 de septiembre de 2020, entró en vigor la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Según se establece, estas nuevas medidas concursales y societarias se llevan a cabo con una triple finalidad:
In In re Smith, (B.A.P. 10th Cir., Aug. 18, 2020), the U.S. Bankruptcy Appellate Panel for the U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit recently joined the majority of circuit courts of appeals in finding that a creditor seeking a judgment of nondischargeability must demonstrate that the injury caused by the prepetition debtor was both willful and malicious under Section 523(a)(6) of the Bankruptcy Code.
Factual Background
El pasado día 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC). De este modo, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda derogada casi en su totalidad.
Según se establece en el Preámbulo del TRLC, este texto refundido se ha creado ante la imprescindible necesidad de reordenación, clarificación y armonización tanto de la Ley Concursal como de las normas que con rango de ley que modificaron la misma.