En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

For more than a century, courts in England and Wales have refused to recognize or enforce foreign court judgments or proceedings that discharge or compromise debts governed by English law. In accordance with a rule (the "Gibbs Rule") stated in an 1890 decision by the English Court of Appeal, creditors holding debt governed by English law may still sue to recover the full amount of their debts in England even if such debts have been discharged or modified in connection with a non-U.K.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

U.S. courts have a long-standing tradition of recognizing or enforcing the laws and court rulings of other nations as an exercise of international "comity." Prior to the enactment of chapter 15 of the Bankruptcy Code in 2005, the procedure for obtaining comity from a U.S. court in cases involving a foreign bankruptcy or insolvency case was haphazard and unpredictable. A ruling recently handed down by the U.S. District Court for the Northern District of Illinois indicates that the enactment of chapter 15 was a game changer in this context. In Halo Creative & Design Ltd. v.

 Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.

1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado

Los hechos relevantes son los siguientes:

In In re Avanti Commc'ns Grp. PLC, 582 B.R. 603 (Bankr. S.D.N.Y. 2018), Judge Martin Glenn of the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York entered an order under chapter 15 of the Bankruptcy Code enforcing a scheme of arrangement sanctioned by a court in England that included nonconsensual third-party releases. Judge Glenn determined that such releases should be recognized and enforced consistent with principles of "comity" and cooperation with foreign courts inherent under chapter 15.