Section 510(b) of the Bankruptcy Code provides a mechanism designed to preserve the creditor/shareholder risk allocation paradigm by categorically subordinating most types of claims asserted against a debtor by equity holders. However, courts do not always agree on the scope of the provision in attempting to implement its underlying policy objectives. The U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit recently examined the broad reach of section 510(b) in In re Linn Energy, 936 F.3d 334 (5^th Cir. 2019).

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

The ability of a bankruptcy trustee to avoid fraudulent or preferential transfers is a fundamental part of U.S. bankruptcy law. However, when an otherwise avoidable transfer by a U.S. entity takes place outside the U.S. to a non-U.S. transferee—as is increasingly common in the global economy—courts disagree as to whether the Bankruptcy Code’s avoidance provisions apply extraterritorially to avoid the transfer and recover the transferred assets. Several bankruptcy and appellate courts have addressed this issue in recent years, with inconsistent results.

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

Rumors of another recession multiplied as the tumultuous second year of the Trump administration came to a close. Highlights of 2018 included a simmering trade war with China; political upheaval after the House of Representatives was retaken by Democrats in the midterm elections; mayhem in financial markets; and, in December, the beginning of the longest government shutdown in U.S. history, triggered by lawmakers’ refusal to provide $5.7 billion in funding for a U.S.-Mexican border wall.

 Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.

1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado

Los hechos relevantes son los siguientes: