Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

In Bennett v. Jefferson County, Alabama, 899 F.3d 1240 (11th Cir. 2018), a panel of the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit ruled as a matter of first impression that the doctrine of equitable mootness applies in chapter 9 cases. According to the Eleventh Circuit panel, "[T]he correct result is to join the Sixth Circuit and the Ninth Circuit B.A.P.

On September 21, 2018, the U.S. District Court for the District of Delaware affirmed a bankruptcy court's ruling that it had the constitutional authority to grant nonconsensual third-party releases in an order confirming the chapter 11 plan of laboratory testing company Millennium Lab Holdings II, LLC ("Millennium"). SeeOpt-Out Lenders v. Millennium Lab Holdings II, LLC (In re Millennium Lab Holdings II, LLC), 2018 WL 4521941 (D. Del. Sept. 21, 2018).

On August 20, 2018, the National Bankruptcy Conference (the "NBC") submitted a letter (the "Letter") to representatives of the House Subcommittee on Regulatory Reform and the House Committee on the Judiciary that proposed certain technical and substantive amendments to chapter 15 of the Bankruptcy Code. Chapter 15, which is patterned on the 1997 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (the "Model Law"), was enacted in 2005 and establishes procedures governing cross-border bankruptcy and insolvency proceedings. To date, the Model Law has been enacted by the U.S.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.

Amid the explosion of trading in claims against distressed and bankrupt entities, courts in recent years have issued numerous rulings of interest to both buyers and sellers.

In accordance with EU legislation, Member States have the power to limit the obligation of public guarantee institutions to pay employees’ claims in the event of their employer’s insolvency. The Court of Justice found to be compliant a national provision (Bulgarian law) that confines the protection given by said guarantee institutions to those employment relationships that have not ended within the three months prior to the opening of insolvency proceedings.

Todos los supuestos de extinción en que ésta es adoptada por voluntad del trabajador, pero derivada de una decisión unilateral de la empresa, han de tener el mismo tratamiento por parte de los Estados miembros. Así lo señala el Tribunal de de Justicia en un reciente pronunciamiento en el que resuelve una cuestión cuya trascendencia práctica desborda el supuesto planteado específicamente.