The Supreme Court issued its much-anticipated ruling yesterday in the First Circuit case of Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, resolving a circuit split that had developed on “whether [a] debtor‑licensor’s rejection of an [executory trademark licensing agreement] deprives the licensee of its rights to use the trademark.” And it answered that question in the negative; i.e., in favor of licensees.

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

In a recent decision, In re Orexigen Therapeutics, Inc., No. 18-10518 (KG) (Bankr. D. Del. Nov. 13, 2018), Judge Kevin Gross of the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware held that the mutuality requirement of section 553 of the Bankruptcy Code must be strictly construed, declining to find mutuality in a triangular setoff between the debtor, a parent entity that owed the debtor money, and that entity’s subsidiary, which was a creditor.

During this mostly quiet week in restructuring, most of us are either away on vacation (think beach or ski) or home for the holidays, maybe back in our hometowns. For me, it’s always the latter, and home for the holidays is Virginia Beach, Virginia, where I sit while I write this blog post (alas, not the beach vacation some of you may be enjoying; my relatives live about 20 minutes from the beach and the high temperature this time of year is usually in the 40s).

In Judge Glenn’s recent lengthy decision recognizing and enforcing a restructuring plan in the chapter 15 proceedings of In re Agrokor1, a Croatian company in Croatian insolvency proceedings, he highlighted that the concept of comity – respect for rulings in other countries – remains an important U.S.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.

In accordance with EU legislation, Member States have the power to limit the obligation of public guarantee institutions to pay employees’ claims in the event of their employer’s insolvency. The Court of Justice found to be compliant a national provision (Bulgarian law) that confines the protection given by said guarantee institutions to those employment relationships that have not ended within the three months prior to the opening of insolvency proceedings.

Todos los supuestos de extinción en que ésta es adoptada por voluntad del trabajador, pero derivada de una decisión unilateral de la empresa, han de tener el mismo tratamiento por parte de los Estados miembros. Así lo señala el Tribunal de de Justicia en un reciente pronunciamiento en el que resuelve una cuestión cuya trascendencia práctica desborda el supuesto planteado específicamente.