As noted in prior posts, the Ninth Circuit opened the door, albeit narrowly, to cannabis company bankruptcies when it issued its opinion in Garvin v. Cook Invs. NW on May 2, 2019. In Garvin, the Ninth Circuit affirmed the confirmation of a plan of reorganization proposed by the lessor to a marijuana growing operation.

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

Earlier today, the Supreme Court finally answered the question of whether a trademark licensee is protected when the trademark owner/licensor files a bankruptcy petition and rejects the trademark license in accordance with section 365 of the Bankruptcy Code. To cut to the chase, trademark licensees won.

Earlier today, the Ninth Circuit Court of Appeals issued its long-awaited ruling in the Garvin v. Cook Investments, NW, SPNYW case This opinion is certain to be of great interest to both companies operating in the cannabis space and those attorneys representing them.

What are the limits of a bankruptcy court’s authority to issue final orders and judgments? Does a bankruptcy court have authority under Article III of the U.S. Constitution to enter final orders in quintessential bankruptcy matters such as fraudulent transfer claims, or are the court’s powers more constrained? While the Supreme Court’s rulings in Stern v. Marshall, 546 U.S. 462 (2011), Executive Benefits Ins. Agency v. Arkison, 573 U.S. 25 (2014) and Wellness International Network, Ltd. v. Sharif, 135 S. Ct.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

In prior posts, we examined whether state-licensed marijuana businesses, and those doing business with marijuana businesses, can seek relief under the Bankruptcy Code. As we noted, the Office of the United States Trustee (the “UST”) has taken the position that a marijuana business cannot seek bankruptcy relief because the business itself violates the Controlled Substances Act 21, U.S.C.