Recientes resoluciones judiciales han puesto en el foco la problemática aprobación judicial de una liquidación societaria cuando existe una situación de bloqueo por parte de alguno de los socios que impide adoptar acuerdos. Analizamos, a continuación, lo que han dicho los tribunales sobre los acuerdos sociales negativos y su posible impugnabilidad.

(SJM nº 13 de Madrid de 23 de marzo de 2021 y SAP de La Coruña de 1 de abril de 2022)

Analizamos las principales novedades en materia de insolvencia internacional contenidas en el Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal. Sin perjuicio del texto final que resulte aprobado tras la correspondiente tramitación parlamentaria, el capítulo dedicado a la insolvencia internacional es uno de los que menos enmiendas han recibido y, por tanto, donde previsiblemente se producirán menos cambios.

We analyze the main novelties of the international insolvency regulation introduced in the Insolvency Law Reform Bill. Although the final wording will be approved after its passage through parliament, the chapter on international insolvency is among those that received the fewest amendments and therefore is expected to see the fewest changes. We therefore predict that all or a large part of the comments made below will also be applicable to the wording of the Insolvency Law that will be approved at the end of the process.

The European Court has issued a sentence of special relevance for the operation and effectiveness of the “pre-pack” insolvency procedures. Specifically, it clarifies the requirements that must be met to respect the rights of workers in the event of business transfers.

El órgano judicial europeo ha dictado una sentencia de especial relevancia para el funcionamiento y efectividad de los 'pre-packs' concursales. En concreto, aclara los requisitos que se deben cumplir para respetar los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas.

El Consejo de Ministros ha acordado extender el plazo de solicitud de la financiación avaladapor el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada), así como elevar los umbrales económicos relativos a la refinanciación de la misma, trasladando dichas modificaciones al Código de Buenas Prácticas.

Las medidas que ahora se ven reforzadas o modificadas tienen su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril –del que Garrigues ya se hizo eco en esta publicación–, que fue posteriormente sustituido por la

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia, la 46/2021, de 2 de febrero, en la que se confirma lo ya señalado en la Sentencia 4/2021, de 15 de enero de 2021. Dos sentencias miméticas en todo (casi hasta en las partes).

La doctrina ahora asentada por la 46/2021 se resume:

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) establece que el socio que ejerce el derecho de separación conserva su condición hasta que se reembolse de manera efectiva su participación. La resolución también señala que, en caso de que la separación se produzca antes de la declaración de concurso de acreedores, el crédito del socio será subordinado sin perjuicio de la eventual contingencia derivada de la posible litigiosidad de su cuantía.

2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.